Un despido se califica de improcedente cuando la empresa no acredita la falta grave imputada al trabajador o cuando ha incumplido requisitos formales esenciales, como el preaviso o la indemnización sustitutoria en supuestos de despido objetivo mal tramitado.
En la práctica cantábrica, muchos expedientes llegan a nuestra consulta con cartas genéricas que repiten cláusulas estándar sin concretar fechas, testigos ni documentos probatorios. Esa vaguedad suele inclinar la conciliación hacia una indemnización superior al finiquito inicial.
El SMAC no declara la improcedencia con carácter definitivo: intenta un acuerdo. Si no hay acuerdo, el trabajador dispone de veinte días para demandar. Conocer qué escenario es más probable en su sector — hostelería, industria, servicios — ayuda a fijar una contraoferta realista antes de firmar nada.